No tienen validez legal ni han sido aprobados por ningún parlamento. No hay jurado ni juez que pueda dictar sentencia si no se cumplen pero no creemos que nadie en su sano juicio pueda estar en desacuerdo en que cualquier paciente, con independencia de su enfermedad o la causa de su padecimiento, tiene derecho a recibir un tratamiento médico que alivie su dolor.
